Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.
Este abogado solo le cobrará sus honorarios, si usted es indemnizado.
Concepto.
La responsabilidad patrimonial de la Administración es una responsabilidad objetiva ya que supone que no es estrictamente necesario que el daño a indemnizar sea realizado con culpa o ilegalidad; únicamente será necesario que el perjudicado no esté obligado por norma alguna a soportar el daño.
Constitución Española.
La Constitución Española en su artículo 106.2 dice: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.”
La institución de la responsabilidad patrimonial, independientemente del ámbito territorial y competencial de la Administración Pública de que en cada caso se trate, obliga a sufragar los daños y o perjuicios ocasionados a un tercero por un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos de su competencia.
REGULACIÓN.
La base legislativa la encontramos en:
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
SERVICIOS QUE PRESTA ESTE PROFESIONAL.
Dentro del laberinto legal que supone ir contra una Administración, este profesional le podrá guiar y ayudar con seguridad a:
- Identificar a la Administración responsable y los factores legales necesarios para que se de una responsabilidad patrimonial por parte de la Administración Pública, aislando el suceso y definiendo el daño o perjuicio sufrido.
- Asesoramiento para la obtención de los elementos probatorios que respalden su pretensión.
- Análisis de la relación causa–efecto entre el funcionamiento normal o anormal, de un servicio público y los daños y/o perjuicios que el mismo haya causado.
- Solicitar a la Administración que asuma su responsabilidad patrimonial, tanto en la vía administrativa como en la contencioso-administrativa según convenga a los intereses del cliente.
